LENGUAS NATIVAS, LIMITES DE ACCESO A LA JUSTICIA PERUANA

LENGUAS NATIVAS, LIMITES DE ACCESO A LA JUSTICIA PERUANA
by andes Monday, Jul. 13, 2009 at 7:33 AM

Lenguas nativas, límites de acceso a la justicia peruana

“Desde la conquista, los peruanos quedamos divididos en aquellos que provienen de la clase europea, con habla española y privilegios sociales, y los que preservan la lengua de nuestros antepasados, aplacados por la exclusión y opresión del Estado”; fue el pensamiento de José María Arguedas, escritor que influyó en el reconocimiento de las lenguas nativas en el Perú. Medio siglo después el problema persiste, ya que cientos de puneños aún no acceden a una justicia eficaz por simplemente tener como lengua originaria, el quechua o aymara.
Pérdida de terreno a manos de entidades públicas en su propia comunidad, invasión a la propiedad y desalojo, son algunos de los delitos por los que se le acusó a Rosa Roque, pobladora de la localidad de Paucarcolla (Puno), quien al momento de reclamar sus derechos vivió en carne propia los obstáculos de acceder a una justicia eficiente, teniendo como limitante no hablar el castellano, pues es quechuahablante.
La historia de esta madre de familia se inició con el proceso que ella interpusiera en noviembre del 2008 ante el Ministerio Público, al no poder hacer válida la sentencia que le atribuía los títulos de propiedad en disputa con dos entidades estatales, no obstante, el caso fue abandonado a inicios del 2009, por la impotencia y dificultades que la mujer tenía para comunicarse con los operadores de justicia.
Este es sólo uno de los cuantiosos casos que a diario se presentan en los juzgados de la región Puno, donde el aprendizaje de lenguas maternas, según datos vertidos por la directora departamental del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Danitza Chávez Pazo, es del 23.5% de español y el 67% de quechua (43.5%) y aymara (33.5%).
De la información revelada se llegó a la conclusión de que casi el 70% de pobladores puneños hablan quechua o aymara, mientras que la tercera parte aprendió el español como idioma materno; sin embargo, se dilucidó que las personas que dominan una lengua nativa, de manera parcial o con posterioridad aprenden el castellano, situación que no garantiza la utilización eficiente del idioma ante un proceso judicial donde se requiere precisión y exhaustividad de términos.
Rudy Olguín Coaquira, representante legal de la Asociación Fe y Derechos Humanos (FEDERH) Puno, precisa que en su despacho se atiende de cuatro a cinco casos similares por semana, procesos en que la mayoría de denunciantes argumentan llegar a esta institución después de haber sido víctimas de atropellos por parte de servidores públicos.
“La mayoría habla español, pero hay ciertos pobladores que se expresan en su lengua originaria, afortunadamente contamos con interpretes en las dos lenguas (quechua y aymara). Estas personas siempre alegan maltrato, tenemos casos de violaciones en Capachica y Coata, estas denunciantes aparte del engorroso proceso que asumen perciben su idioma como una limitante más. La situación debe de cambiar, todo profesional debe de dominar estos idiomas”, consideró el profesional.
NECESIDAD DE INTÉRPRETES
La presencia de intérpretes en los idiomas quechua y aymara en el Distrito Judicial de Puno, es una necesidad latente, avalada por diversas normas peruanas e importantes tratados internacionales que estipulan el derecho de toda persona a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete.
La Corte Superior de Justicia de Puno, mediante Oficio Nº 073-2008-OII-CSJPU-PJ informó que en el 2008, se registraron distintos juicios donde se necesitó la intermediación de un traductor, el caso más resaltante se suscitó en la ciudad fronteriza de Desaguadero (Chucuito), donde se llevaron a cabo 110 procesos en aymara. En el documento la entidad asevera que en los juzgados puneños el personal contratado efectúa la labor de intérprete.
Sin embargo, para el abogado puneño Rafael Vallenas Gaona esto sería insuficiente, ya que estos mediadores son informales y no garantizan la imparcialidad del proceso, además de que en cumplimiento de la Ley, los referidos traductores deberían ser contratados formalmente.
Contrario a ello, para el letrado de oficio del Ministerio de Justicia, René Cuba Aréstegui, pese a que en su dependencia se registran a diario estos casos, sobre todo en Juicios de Alimentos; no es necesario intérpretes formales, ya que en Puno la mayoría comprende estas lenguas.
¿Y CÓMO ESTARÁ EL NCPP?
Una de las novedades que trae el Nuevo Código Procesal Penal (CPP) es la oralidad de los procesos, donde la correcta comprensión del idioma será un punto preponderante en la resolución de casos.
Para el titular del II Juzgado Especializado en lo Penal de Puno, Edson Jáuregui Mercado, el NCPP destacará los principios de oralidad y publicidad facilitando la rapidez del proceso, por ello señala, que en el Poder Judicial se cuenta con peritos judiciales para la interpretación del idioma nativo. Sin embargo, esta medida contradice la norma de gratuidad para estos casos.
POSIBLES SOLUCIONES
El decano del ilustre Colegio de Abogados de Puno (ICAP), Alcides Sánchez Parra, señala que sería importante un convenio con la UNA-Puno, ya que esta institución cuenta con profesionales capacitados para asumir la función de traductores. Según el decano la intervención de un tercero sería fundamental para velar por la transparencia de los procesos.
Asimismo, señala que los casos de personas que han sido discriminadas por razón de idioma deberían ser resueltos por la Defensoría del Pueblo; entidad que contrario a la realidad, no registra ningún caso hasta el momento.
Cualquier persona que sea discriminada o no sea atendida en un organismo estatal, por no poder expresarse en perfecto español, debe aproximarse a esta institución que tiene la obligación de velar por el cumplimiento de sus derechos.

DIARIO LOS ANDES: 13 DE JULIO DEL 2009 : Reivindicación de los derechos del poblador quechua y aymara

ENTREVISTA. Rafael Vallenas Gaona: Reivindicación de los derechos del poblador quechua y aymara
Primer juicio nacional
Votación:0 votosComentariosImprimir
Escribe: MILUSKA CARPIO TOLEDO | Judicial - 06:40h
La Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público de la UNA Puno, presidida por el abogado Rafael Vallenas Gaona, ha interpuesto el primer proceso constitucional de cumplimiento del Art. 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, norma que establece la presencia ineludible de intérpretes judiciales cuando el ciudadano no domine el español, aunque este proceso aún no ha culminado, representa el primer paso para lograr que el poblador altiplánico, acceda a la justicia, sin tener como limitante su lengua natal.

¿Cuál es el problema principal ante la falta de intérpretes jurídicos?

El problema principal radica que en Puno, más del 50% de pobladores tiene como lengua natal el quechua o el aymara, y que muchos servidores públicos sólo dominan el español, entonces el ciudadano al participar de un proceso judicial, muchas veces no es comprendido quedando en una evidente situación de desventaja, se mella su derecho a la pluralidad cultural y no se le garantiza un acceso eficaz a la justicia.

¿Por qué es importante la existencia de intérpretes formales en las instituciones de justicia?

La Ley señala claramente este derecho, se entiende que el intérprete debe ser una persona ajena a las partes para garantizar la veracidad del proceso, cosa que no ocurre si ocasionalmente cualquier trabajador hace las veces de traductor. Por otro lado, tenemos que existen peritos judiciales para la interpretación, pero este servicio no es gratuito y lo que se quiere es un servicio para pobladores de bajos recursos, por ello se exige la formalidad.

¿Qué tipo de discriminación se estaría cometiendo ante este problema?

Fundamentalmente dos, la primera que es la discriminación por un trato diferenciado ante el poblador de lengua quechua o aymara, situación que vulnera su derecho a la igualdad ante la Ley, y una discriminación estructural, que al no reconocer el contexto cultural de estas personas las orillan a tener sus propios modelos de justicia.

¿En qué consiste el proceso que viene interponiendo ante el Estado peruano?

Es un proceso de cumplimiento (garantía constitucional que se interpone ante el desacato de una norma) iniciado en noviembre del 2008, para exigir la presencia de interpretes judiciales en toda la jurisdicción de la región Puno tal y como lo establece la Ley, esta demanda la llevo junto a alumnos de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNA, en esta semana ya se conocerá la sentencia, y esperamos sea positiva.

¿Qué representa para los puneños el ganar esta demanda?

Este es un caso emblemático, el primer juicio de esta índole a nivel nacional, de ganarse el proceso los pobladores quechuas y aymaras ya no estarán en una situación de desventaja al hacer cumplir sus derechos, y se reconocerá su pluralidad cultural, ya que encontraron intérpretes formales al momento de presentarse a una entidad de justicia.

¿Qué otras soluciones se le puede dar a este problema?

Lo que se busca es que los futuros profesionales aparte de conocer por lo menos una de estas lenguas, cosa que sólo solucionaría una parte del problema, reconozcan y respeten la concepción cultural del poblador andino, se necesita de nuevos enfoques y perspectivas, por ello en la currícula de la facultad de Ciencias Jurídicas de la UNA Puno, se está planteando introducir estos contenidos, ya que el problema es integral.